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El ejecutivo comunitario “ha pedido a España que respete los derechos de la Guardia Civil a los periodos mínimos de descanso y al límite promedio de 48 horas semanales de trabajo”, anunció ayer en un comunicado.

Es la segunda advertencia de Bruselas, que ya en el 2013 requirió al Gobierno español sobre el tema, explica un portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que denunció el caso en el 2010.

La Comisión Europea cree que España ha abusado de las excepciones que permite la directiva europea para autorizar a ciertos niveles de guardias civiles realizar jornadas laborales por encima de ese límite. Las salvedades deberían reservarse a “ejecutivos, dirigentes o personas con poder de decisión autónomo”. Sin embargo, explica Bruselas, con la legislación española “determinadas categorías de trabajadores de la Guardia Civil” no gozan de estos derechos, en concreto, “quienes ejercen funciones de mando, gestión, enseñanza e investigación”, lo que a juicio de las autoridades comunitarias no es conforme con la directiva europea.

Para quienes trabajan en los departamentos de investigación, ya sea en Policía Judicial o en Información, sencillamente, no hay horarios. “Si te toca trabajar en fin de semana o empalmar jornadas y el jefe dice que las libranzas no se recuperan no hay dónde reclamar”, explica el responsable jurídico de la AUGC, Eugenio Nemiña. Peor es la situación de los comandantes de puesto. “Su obligación es plena disponibilidad los 7 días de la semana. Y no hablamos sólo de oficiales; muchos jefes de cuartel son sargentos e incluso cabos”, explica Nemiña, para quien las excepciones de la directiva sólo deberían aplicarse de teniente coronel para arriba.

“Los trabajadores afectados de la Guardia Civil española se ven expuestos a un número excesivo de horas de trabajo sin periodos de descanso suficiente”, afirma el comunicado, donde se deja claro que no son suficientes los cambios realizados en los últimos años. Un portavoz de la Guardia Civil informó ayer a La Vanguardia de que se está trabajando en una nueva orden general de jornada laboral adaptada a la directiva que verá la luz “en breve”.

El problema es que España tiene dos meses para modificar su legislación e informar a Bruselas de los cambios. Si en ese plazo de tiempo no recibe una respuesta satisfactoria, la Comisión amenaza con elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

Las diferencias entre Madrid y Bruselas sobre cómo regular el trabajo del cuerpo armado no se quedan aquí. La Comisión ya denunció el pasado mes de septiembre a España ante la Justicia europea por no velar adecuadamente por la seguridad laboral de los agentes. España, explicó Bruselas, reconoció que “en algunos lugares de trabajo de la Guardia Civil las evaluaciones de riesgos no se han llevado a cabo por falta de personal cualificado y equipamiento adecuado”. AUGC denuncia que la mayoría de comandancias y cuarteles carecen de oficina de riesgos laborales.

Fuente : La Vanguardia