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El director general de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Antonio Amate, ha mantenido en Sevilla un encuentro con un grupo de aparejadores y profesores de la Universidad de Sevilla a los que ha mostrado su apoyo a un proyecto de investigación que permitiría localizar los edificios que aún presentan riesgos de exposición al amianto, elaborar un registro y aplicar un plan de trabajo para eliminar los posibles efectos en la salud.

Según ha informado la Consejería, el proyecto recoge la creación de un instrumento novedoso que facilitaría el control y la prevención de este agente cancerígeno, prohibido en España desde el año 2002.

Ha indicado que pese a que no está permitida la explotación, producción y comercialización de amianto en nuestro país, se estima que hasta que se produjo su prohibición se utilizaron tres millones de toneladas.

Según la propuesta presentada por los investigadores, durante décadas se han elaborado más de 3.000 derivados entre los que se encuentran materiales de edificación tan diversos como conducciones y depósitos de agua potable; aislantes térmicos; revestimientos de suelos; paredes; techos; o cubiertas.

El valor de la investigación en esta materia reside en que los estudios epidemiológicos no han podido fijar aún un valor límite de exposición al amianto, y sus efectos en la salud pueden manifestarse, en ocasiones, hasta 40 años después en enfermedades como la asbestosis, placas o derrames de la pleura, cáncer de pulmón o de laringe o mesioteloma pleural o peritoneal.

Entre los objetivos que plantea el proyecto de investigación, se encuentra la elaboración de un protocolo que permita localizar y evaluar el riesgo en la edificación, la creación de un modelo de gestión, planificación y control del riesgo de la exposición al amianto y la aplicación final del modelo que permitiría, además, la creación de empleo emergente entre los profesionales de la edificación.

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto plantea una investigación básica inicial que fije un modelo de Inspección Técnica de Edificios; su aplicación posterior para detectar los riesgos concretos y crear un registro de edificaciones; y por último la intervención eliminando los riesgos a través de planes de trabajo.

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